LOS MOVIMIENTOS SOCIALES Y EL ESTADO: RELACIONES CONTENCIOSAS

Por: Claudia Bielich y Martin Scurrah. (CEPES)

Si uno revisa los hechos más saltantes de los últimos meses en el Perú, se podrá dar cuenta que la realidad actual peruana se caracteriza por conflictos y protestas de diversos grupos exigiendo cambios y haciendo públicas sus necesidades. Detrás de ellos están los movimientos sociales.
Entendemos por movimiento social a un proceso de acción colectiva politizada (un proceso de movilización) dirigido a luchar contra formas de acumulación y colonización que reproducen la injusticia, y que cuenta con una visión alterna (pero no necesariamente anti-sistémica) de sociedad y desarrollo. Los movimientos sociales son procesos difusos espacial y temporalmente, pero sostenidos en el tiempo. La definición de movimientos sociales incluye organizaciones de base formales pero también va más allá al incluir formas de acción colectiva más nebulosas (y en muchas ocasiones cíclicas) que incluyen organizaciones no gubernamentales (ONG) y redes que sirven para vincular tanto a los actores organizados como a los dispersos en el proceso de movilización social.
Bajo este concepto identificamos diez movimientos sociales presentes en el Perú de hoy. Muchos son aún incipientes, hay algunos más activos y otros latentes, pero todos forman parte del mapa de movimientos sociales emergentes del Perú[1]. Los diez movimientos sociales que identificamos actualmente son: Indígena, Referido a las Industrias Extractivas, Ambiental, Agrario, Cocalero, Regionales, Sindical, Feminista, De Mujeres Populares y Derechos Humanos.
Es importante diferenciar entre movimientos sociales y campañas. Éstas tienen corta duración y un fin claro, que una vez que es conseguido (o, caso contrario, si el contexto hace que sea imposible alcanzarlo) desaparecen totalmente. Éste fue el caso de la campaña “TLC Así No”. Sin embargo, reconocemos la posibilidad que esta campaña se convierta en algún momento en un movimiento más amplio y sostenido referente a la globalización. Por otro lado, tenemos el caso del movimiento urbano, que fue uno de los más importantes en el Perú durante las décadas del sesenta y setenta. A partir de las invasiones, grupos de pobladores se juntaban y exigían titulación y servicios básicos. Sin embargo, éste es el caso de un movimiento con objetivos cancelatorios. Una vez que se consiguieron, el movimiento desapareció. Con los años las invasiones disminuyeron aunque no desaparecieron totalmente y paulatinamente el Estado institucionalizó los medios por los cuales se acercaba a estas poblaciones a ofrecer títulos y servicios, además, las empresas de servicios buscaban proveerles de luz y teléfono porque, debido a razones económicas, les convenía tener más clientes.
Aunque hemos identificado diez movimientos en principio –la mayoría todavía incipientes– las fronteras entre ellos no siempre son claras y en varios casos algunas personas y organizaciones pertenecen a más de uno. Así, por citar algunos casos, tenemos que algunas organizaciones participan en el movimiento agrario, el movimiento indígena y el movimiento referido a las extractivas; hay un traslape entre los componentes y preocupaciones de los movimientos ambientalistas y el referido a las extractivas. Los movimientos feministas y de mujeres populares también tienen mucho en común.
Un repaso por las relaciones y alianzas de los movimientos sociales en el Perú nos arroja un panorama más o menos parecido: todos reconocen que en la actualidad el peso de la toma de decisiones recae en el Ejecutivo. El Congreso de la República es una instancia mucho más débil, que no tiene tanto poder de acción y que, por ende, no podría solucionar sus necesidades. En general, se mantienen buenas relaciones con el Congreso, pero no son muy significativas en el desarrollo de su agenda precisamente por la debilidad de este poder del Estado. Por lo tanto, a pesar de las mayores posibilidades de contacto y diálogo con el Legislativo, esto no importa mucho. Incluso algunos dirigentes consideran que ante la debilidad del Congreso, los movimientos sociales han tenido que reemplazarlo en su papel de contrapeso del Ejecutivo.
Así pues, actualmente el Perú se caracteriza por una centralización del poder en el Ejecutivo. Pero estamos ante un Ejecutivo cerrado, poco propenso al diálogo, que no acepta críticas y que, además, ha creado normas que criminalizan la protesta: un Gobierno que no quiere oposición, que no acepta que se esté en contra de sus ideas y sus políticas, que califica a todo aquel que no se manifiesta a favor como “perro del hortelano”. Éste es un Gobierno muchas veces calificado como arrogante e impune, que impone políticas sin consulta popular, sin tomar en cuenta las necesidades y opiniones de la población. Esto deja a los movimientos sociales en una situación incómoda. El Gobierno los califica de “revoltosos”, que no quieren el bienestar del país y que más bien quieren mantener al Perú en el atraso. Así, los movimientos sociales se ven forzados a buscar objetivos en un contexto de casi nulas posibilidades de diálogo con el Estado y, además, de satanización de sus acciones.
Así las cosas, las relaciones con instancias del Gobierno son muy pocas y siempre que éstas existen se reconoce que es debido a la buena disposición de un funcionario determinado y no a la política de la entidad en mención. Si ese funcionario fuese relevado de su puesto, es probable que el movimiento perdiera contacto con dicho organismo. Sin embargo, en este contexto de escaso diálogo, existen algunas entidades que deben rescatarse. En primer lugar, tenemos a la Defensoría del Pueblo, con un papel sumamente significativo. Todos los movimientos mantienen relaciones con ella y en muchos casos incluso alianzas. La Defensoría del Pueblo escapa de la política de poco diálogo, cero aceptación a la crítica y satanización de las organizaciones sociales que caracteriza a este gobierno. Junto con la Defensoría debemos rescatar a la PCM, que según diversos entrevistados ha sabido mantener contacto con algunos de los principales líderes sociales del país y ha desplegado grandes esfuerzos para promover mesas de diálogo, no siempre con éxito. Debemos resaltar que a lo largo de los años el papel de la PCM ha sido variado. En algunos gobiernos fue más abierta al diálogo que en otros. Actualmente, es la instancia que se caracteriza por “apagar incendios” pero no por preverlos.
Por otro lado, tenemos a los gobiernos regionales y locales. Si la relación con el Gobierno Central es prácticamente nula, la relación con los gobiernos regionales y locales es bastante fluida y muy significativa. Es más, en muchos casos los movimientos no sólo dialogan con ellos, sino que también algunas de las organizaciones constitutivas han establecido alianzas que permiten trabajos conjuntos y coordinaciones. Incluso los gobiernos regionales se acercan y negocian con el Gobierno Nacional planes y propuestas previamente concertados con los movimientos sociales. En algunos casos, las relaciones con los gobiernos regionales son diametralmente opuestas a las que hay con el Nacional: mientras el segundo cierra las instancias de diálogo existentes y dificulta un acercamiento, los primeros no sólo conversan, sino que llegan a aliarse a los movimientos. En una situación tan crítica como la que propone el Gobierno, la existencia de los gobiernos regionales es muy importante, actuando en muchos casos como válvula de escape, como única opción de contacto con alguna instancia de poder. No obstante, esta relación no siempre es tan idónea. En muchos casos no hay buenos vínculos entre gobiernos regionales y movimientos sociales. Eso habría ocurrido en la Amazonía durante varios meses del 2008, aunque se mejoraron mucho durante el paro amazónico del 2009.
Esta vista panorámica de las relaciones entre los movimientos sociales y el Estado demuestra que las dificultades demostradas en los últimos meses entre el movimiento indígena amazónico y el Estado representan un caso extremo de un patrón más generalizado. En los últimos años los movimientos sociales han re-emergido como actores sociales de la sociedad civil, de creciente importancia y con movilizaciones cada vez más multitudinarias en defensa de los derechos. Por su parte, los gobiernos han visto estos movimientos como un desafío a su “derecho”, a la exclusividad en la representación de la población y han sido renuentes a reconocer su legitimidad, aceptar su derecho a la participación y la consulta y a entablar negociaciones con ellos argumentando que las elecciones oficiales les otorgan el derecho al monopolio en la representación de la población. Este conflicto sobre quién es el representante más legítimo se ve agudizado por el hecho que los movimientos sociales suelen abogar por cambios fundamentales en la sociedad en búsqueda de la puesta en marcha de su visión alternativa para la misma, algo que genera un rechazo por los gobernantes y acusaciones de anti-democráticos y anti-sistema, cosa que no necesariamente es cierta. En conclusión, los movimientos sociales son una manifestación de la sociedad civil organizada y movilizada y, como tal, pueden ser un indicador de una democracia libre y vigorosa. Sin embargo, si los gobernantes o el sistema político en su conjunto no tienen la capacidad o la voluntad de reconocer y dialogar con los movimientos sociales con miras a solucionar o acomodar sus reclamos, pueden presentar un desafío a la gobernabilidad y el funcionamiento del sistema democrático tal como está estructurado. En un escenario de esta naturaleza es importante reconocer que los conflictos no necesariamente son malos y frecuentemente representan un factor que provoca cambios importantes en la sociedad necesarios para su desarrollo y la profundización de la democracia.
[1] Bebbington, Scurrah y Bielich. Mapeo de Movimientos Sociales en el Perú Actual. CEPES, 2008. http://www.cepes.org.pe/apc-aa/archivos-aa/e19ae5c595bdc837daaf4cc13d916d7e/Informe_mapeo_movimientoss_sociales_FINAL.pdf