Una respuesta y actuación urgente de los Gobiernos Locales

Por: Carlos Herz S.

La decisión populista del Gobierno Central de promover y crear núcleos ejecutores para invertir los recursos municipales que los Gobiernos Locales no han sido capaces de gastar con premura requiere una respuesta y una acción organizada y concertada de las autoridades municipales y regionales.

Un importante sector de la población puede considerar estas medidas como la solución a la supuesta ineficiencia e insensibilidad de diversas autoridades y funcionarios quienes no gastan a tiempo y como debe ser los recursos públicos. Más aun cuando el Gobierno Central difunde la información de que prácticamente ha culminado la descentralización con la transferencia de competencias y recursos a los Gobiernos Subnacionales (Regionales y Municipales), y que ya no tiene mayor responsabilidad en el manejo de los presupuestos para inversión local.

Ya en el período de Fujimori se procedió a construir una relación directa entre Gobierno Nacional y población local con argumentos similares y utilizando al mismo aparato de Foncodes, sin importar el fortalecimiento de la gestión municipal así como debilitando la organización comunal al desconocer y competir con las estructuras representativas de las comunidades campesinas. En ese momento y hasta ahora ha generado una importante simpatía popular esta forma de vinculación del Gobierno Nacional con las comunidades mayormente rurales y pobres, por los efectos que tuvo en la construcción de una importante infraestructura social y productiva. Para muchas localidades donde el Estado ha tenido escasa presencia, dichas obras han tenido un efecto importante que se traduce en el respaldo que aun tiene el fujimorismo en diversos sectores de la población, a pesar que tal intervención pública centralista se haya dado en detrimento del fortalecimiento de la organización comunal y de la institucionalidad municipal, así como con el claro afán de debilitar el Estado de Derecho y afectar negativamente el ejercicio de la democracia participativa.

No quisiéramos que el actual Gobierno pretenda el mismo efectismo político y mediático a partir de sus actuales medidas. Justo en momentos en que se requiere apuntalar los avances logrados en materia de descentralización y consolidar dicho proceso, medidas como las dictadas apuntan en sentido contrario y además le añaden un componente de polarización y tensión entre autoridades locales y población. Importantes logros como la planificación y el presupuesto participativos así como los diversos mecanismos de participación ciudadana y control social en la gestión del desarrollo parecieran dejarse de lado al propiciar estas desesperadas medidas presidenciales

Urge pues una respuesta organizada, propositiva, autocrítica y rápida de las autoridades municipales que, desde nuestro punto de vista, debiera contener algunos aspectos claves:

- Demostrar a la población que es el Gobierno Central el principal responsable de las limitaciones y causas que han generado esta situación de ineficiencia en la gestión pública local. La falta de un plan nacional de desarrollo de capacidades; la ausencia de una reforma tributaria descentralizada; la transferencia burocrática de competencias sin los recursos para hacerla efectiva; la superposición de funciones entre los diversos niveles de gobierno; la lentitud en el funcionamiento de los sectores para derivar recursos económicos y técnicos oportunamente que apoyen la gestión local; el nulo interés por promover los diversos mecanismos de participación ciudadana y control social, por el contrario debilitando los procesos de presupuesto participativo; el retroceso en la lucha contra la corrupción; la escasez de recursos humanos para asumir las nuevas responsabilidades descentralizadas, además de carecer del estímulo salarial adecuado para el ejercicio de la función; entre otros, son algunas de las manifestaciones críticas de una gestión ineficiente e irresponsable del Gobierno Central que tenía como parte de su plan de gobierno la profundización del proceso de descentralización en curso.

- Demostrar que las autoridades locales han venido realizando importantes esfuerzos de una gestión municipal más eficiente, planificada, participativa, en un contexto nada fácil de debilidad de las estructuras estatales; de atomización y dispersión de municipios, la mayoría muy pequeños en las zonas rurales; con escasas posibilidades de contar con un equipo técnico más solvente para encarar las nuevas tareas de la descentralización y el uso de recursos económicos, que de un año a otro crecieron significativamente debiendo ser gastados en el marco de los burocráticos mecanismos y procedimientos que posee nuestro pesado y arcaico Estado. Sino pregúnteles a las propias empresas mineras que asumieron el control directo del uso de los fondos de aporte social voluntario cuyo gasto no llegó al 40% del total previsto. Aun con esas dificultades las autoridades locales tienen para mostrar que han mejorado su capacidad de gasto (en comparación con el Gobierno Central) y pueden compartir logros en la mejora de su gestión.

- Mostrar con la mayor sinceridad los límites y errores en la gestión local por parte las autoridades municipales así como su disposición a mejorar y superarlos. En muchos casos poco o nada se ha hecho para realizar una administración transparente y de respeto a los procesos de planificación y ejecución presupuestal participativa; igualmente ha sido muy débil la promoción y fortalecimiento de los Consejos de Coordinación Local, siendo inexistente en un sinnúmero de municipios. La reproducción de los defectos presidencialistas y caudillistas del Gobierno Central en la pequeña escala municipal ha sido otra errónea característica de diversas autoridades municipales priorizando su imagen y el culto a la personalidad antes que el servicio a la población. La carencia de una mayor visión como gobernantes locales que les permita construir y ejecutar concertadamente un proyecto de desarrollo local articulando gobierno, sociedad civil y empresa, ha sido otra gran limitación. Sin que signifique una excusa o justificación es evidente que esta sumatoria de deficiencias en la gestión local se reitera como una realidad que nace y se extiende desde el Gobierno Central.

- Proponer correctivos que mejoren la gestión local en el marco del respeto a la autonomía municipal y del reconocimiento de que en la estructura del Estado el Municipio no es un espacio de gobierno inferior sino diferente al de los Gobiernos Regionales y el Gobierno Nacional, cada ámbito con sus competencias y atribuciones complementadas entre sí. Si el Municipio es el nivel de gobierno más cercano a la población es el momento de aprovechar mejor esa oportunidad y privilegio para optimizar la relación de las autoridades con las organizaciones sociales, asumir una administración más transparente y aceptar que la participación social garantiza mayores éxitos y hace más eficiente la gestión local.

Pareciera existir en el escenario municipal las mejores condiciones para superar rápidamente las limitaciones que hemos resumido. Se cuenta con planes de desarrollo concertado que deberían ser efectivos instrumentos de gestión para orientar el futuro de la localidad por muchos años, siempre y cuando toda la población lo conozca y respete, al igual que las autoridades, aun cuando éstas cambien. Se cuenta con el presupuesto participativo como otro instrumento de gestión para identificar y priorizar las obras en función del plan de desarrollo y de los recursos existentes. Se cuenta con mecanismos de participación, concertación, vigilancia y rendición de cuentas que facilitan la acción de las autoridades locales y su vinculación con la población. Se cuenta con las nuevas competencias locales para que las autoridades promuevan el desarrollo económico y social construyendo plataformas y alianzas con la sociedad civil y el sector privado. Finalmente se cuenta con la autonomía local del caso para que se generen diversas formas de gestión comunal que contribuyan a un aprovechamiento más efectivo de los recursos económicos en estrecha coordinación con los Municipios y en el marco del respeto a los diversos procesos ya mencionados.

Momentos como éstos son importantes para mostrar la capacidad de rectificación de todos. Del Gobierno Central hacia los Municipios buscando un discurso y una actitud más dialogante y de cooperación, sin mellar su autonomía ni negarles sus valiosos aportes.
De los Municipios hacia la población para construir relaciones de confianza y de legitimidad a partir de una gestión concertada y compartida, sumando esfuerzos para lograr mejores resultados en la lucha contra la pobreza y la generación de oportunidades para el desarrollo local sostenible. De las organizaciones sociales para que en el respeto a sus derechos de control ciudadano asuman un rol activo en los mecanismos de cogestión que puedan darse. De las ONGs y demás proyectos de desarrollo para que sumen esfuerzos y respeten las agendas acordadas desde los Gobiernos Locales y contribuyan a fortalecer la institucionalidad. De las empresas privadas para responsablemente inviertan contribuyendo al desarrollo local efectivo así como sumen energías en hacer viable los planes de desarrollo y los presupuestos participativos.
En sí no habría porque oponerse a ninguna forma de gestión comunal, como los núcleos ejecutores y varios otros, si estos mecanismos forman parte de decisiones concertadas y no verticales, de respeto a y fortalecimiento de las instituciones, y que profundicen el proceso de descentralización.

LOS MOVIMIENTOS SOCIALES Y EL ESTADO: RELACIONES CONTENCIOSAS

Por: Claudia Bielich y Martin Scurrah. (CEPES)

Si uno revisa los hechos más saltantes de los últimos meses en el Perú, se podrá dar cuenta que la realidad actual peruana se caracteriza por conflictos y protestas de diversos grupos exigiendo cambios y haciendo públicas sus necesidades. Detrás de ellos están los movimientos sociales.
Entendemos por movimiento social a un proceso de acción colectiva politizada (un proceso de movilización) dirigido a luchar contra formas de acumulación y colonización que reproducen la injusticia, y que cuenta con una visión alterna (pero no necesariamente anti-sistémica) de sociedad y desarrollo. Los movimientos sociales son procesos difusos espacial y temporalmente, pero sostenidos en el tiempo. La definición de movimientos sociales incluye organizaciones de base formales pero también va más allá al incluir formas de acción colectiva más nebulosas (y en muchas ocasiones cíclicas) que incluyen organizaciones no gubernamentales (ONG) y redes que sirven para vincular tanto a los actores organizados como a los dispersos en el proceso de movilización social.
Bajo este concepto identificamos diez movimientos sociales presentes en el Perú de hoy. Muchos son aún incipientes, hay algunos más activos y otros latentes, pero todos forman parte del mapa de movimientos sociales emergentes del Perú[1]. Los diez movimientos sociales que identificamos actualmente son: Indígena, Referido a las Industrias Extractivas, Ambiental, Agrario, Cocalero, Regionales, Sindical, Feminista, De Mujeres Populares y Derechos Humanos.
Es importante diferenciar entre movimientos sociales y campañas. Éstas tienen corta duración y un fin claro, que una vez que es conseguido (o, caso contrario, si el contexto hace que sea imposible alcanzarlo) desaparecen totalmente. Éste fue el caso de la campaña “TLC Así No”. Sin embargo, reconocemos la posibilidad que esta campaña se convierta en algún momento en un movimiento más amplio y sostenido referente a la globalización. Por otro lado, tenemos el caso del movimiento urbano, que fue uno de los más importantes en el Perú durante las décadas del sesenta y setenta. A partir de las invasiones, grupos de pobladores se juntaban y exigían titulación y servicios básicos. Sin embargo, éste es el caso de un movimiento con objetivos cancelatorios. Una vez que se consiguieron, el movimiento desapareció. Con los años las invasiones disminuyeron aunque no desaparecieron totalmente y paulatinamente el Estado institucionalizó los medios por los cuales se acercaba a estas poblaciones a ofrecer títulos y servicios, además, las empresas de servicios buscaban proveerles de luz y teléfono porque, debido a razones económicas, les convenía tener más clientes.
Aunque hemos identificado diez movimientos en principio –la mayoría todavía incipientes– las fronteras entre ellos no siempre son claras y en varios casos algunas personas y organizaciones pertenecen a más de uno. Así, por citar algunos casos, tenemos que algunas organizaciones participan en el movimiento agrario, el movimiento indígena y el movimiento referido a las extractivas; hay un traslape entre los componentes y preocupaciones de los movimientos ambientalistas y el referido a las extractivas. Los movimientos feministas y de mujeres populares también tienen mucho en común.
Un repaso por las relaciones y alianzas de los movimientos sociales en el Perú nos arroja un panorama más o menos parecido: todos reconocen que en la actualidad el peso de la toma de decisiones recae en el Ejecutivo. El Congreso de la República es una instancia mucho más débil, que no tiene tanto poder de acción y que, por ende, no podría solucionar sus necesidades. En general, se mantienen buenas relaciones con el Congreso, pero no son muy significativas en el desarrollo de su agenda precisamente por la debilidad de este poder del Estado. Por lo tanto, a pesar de las mayores posibilidades de contacto y diálogo con el Legislativo, esto no importa mucho. Incluso algunos dirigentes consideran que ante la debilidad del Congreso, los movimientos sociales han tenido que reemplazarlo en su papel de contrapeso del Ejecutivo.
Así pues, actualmente el Perú se caracteriza por una centralización del poder en el Ejecutivo. Pero estamos ante un Ejecutivo cerrado, poco propenso al diálogo, que no acepta críticas y que, además, ha creado normas que criminalizan la protesta: un Gobierno que no quiere oposición, que no acepta que se esté en contra de sus ideas y sus políticas, que califica a todo aquel que no se manifiesta a favor como “perro del hortelano”. Éste es un Gobierno muchas veces calificado como arrogante e impune, que impone políticas sin consulta popular, sin tomar en cuenta las necesidades y opiniones de la población. Esto deja a los movimientos sociales en una situación incómoda. El Gobierno los califica de “revoltosos”, que no quieren el bienestar del país y que más bien quieren mantener al Perú en el atraso. Así, los movimientos sociales se ven forzados a buscar objetivos en un contexto de casi nulas posibilidades de diálogo con el Estado y, además, de satanización de sus acciones.
Así las cosas, las relaciones con instancias del Gobierno son muy pocas y siempre que éstas existen se reconoce que es debido a la buena disposición de un funcionario determinado y no a la política de la entidad en mención. Si ese funcionario fuese relevado de su puesto, es probable que el movimiento perdiera contacto con dicho organismo. Sin embargo, en este contexto de escaso diálogo, existen algunas entidades que deben rescatarse. En primer lugar, tenemos a la Defensoría del Pueblo, con un papel sumamente significativo. Todos los movimientos mantienen relaciones con ella y en muchos casos incluso alianzas. La Defensoría del Pueblo escapa de la política de poco diálogo, cero aceptación a la crítica y satanización de las organizaciones sociales que caracteriza a este gobierno. Junto con la Defensoría debemos rescatar a la PCM, que según diversos entrevistados ha sabido mantener contacto con algunos de los principales líderes sociales del país y ha desplegado grandes esfuerzos para promover mesas de diálogo, no siempre con éxito. Debemos resaltar que a lo largo de los años el papel de la PCM ha sido variado. En algunos gobiernos fue más abierta al diálogo que en otros. Actualmente, es la instancia que se caracteriza por “apagar incendios” pero no por preverlos.
Por otro lado, tenemos a los gobiernos regionales y locales. Si la relación con el Gobierno Central es prácticamente nula, la relación con los gobiernos regionales y locales es bastante fluida y muy significativa. Es más, en muchos casos los movimientos no sólo dialogan con ellos, sino que también algunas de las organizaciones constitutivas han establecido alianzas que permiten trabajos conjuntos y coordinaciones. Incluso los gobiernos regionales se acercan y negocian con el Gobierno Nacional planes y propuestas previamente concertados con los movimientos sociales. En algunos casos, las relaciones con los gobiernos regionales son diametralmente opuestas a las que hay con el Nacional: mientras el segundo cierra las instancias de diálogo existentes y dificulta un acercamiento, los primeros no sólo conversan, sino que llegan a aliarse a los movimientos. En una situación tan crítica como la que propone el Gobierno, la existencia de los gobiernos regionales es muy importante, actuando en muchos casos como válvula de escape, como única opción de contacto con alguna instancia de poder. No obstante, esta relación no siempre es tan idónea. En muchos casos no hay buenos vínculos entre gobiernos regionales y movimientos sociales. Eso habría ocurrido en la Amazonía durante varios meses del 2008, aunque se mejoraron mucho durante el paro amazónico del 2009.
Esta vista panorámica de las relaciones entre los movimientos sociales y el Estado demuestra que las dificultades demostradas en los últimos meses entre el movimiento indígena amazónico y el Estado representan un caso extremo de un patrón más generalizado. En los últimos años los movimientos sociales han re-emergido como actores sociales de la sociedad civil, de creciente importancia y con movilizaciones cada vez más multitudinarias en defensa de los derechos. Por su parte, los gobiernos han visto estos movimientos como un desafío a su “derecho”, a la exclusividad en la representación de la población y han sido renuentes a reconocer su legitimidad, aceptar su derecho a la participación y la consulta y a entablar negociaciones con ellos argumentando que las elecciones oficiales les otorgan el derecho al monopolio en la representación de la población. Este conflicto sobre quién es el representante más legítimo se ve agudizado por el hecho que los movimientos sociales suelen abogar por cambios fundamentales en la sociedad en búsqueda de la puesta en marcha de su visión alternativa para la misma, algo que genera un rechazo por los gobernantes y acusaciones de anti-democráticos y anti-sistema, cosa que no necesariamente es cierta. En conclusión, los movimientos sociales son una manifestación de la sociedad civil organizada y movilizada y, como tal, pueden ser un indicador de una democracia libre y vigorosa. Sin embargo, si los gobernantes o el sistema político en su conjunto no tienen la capacidad o la voluntad de reconocer y dialogar con los movimientos sociales con miras a solucionar o acomodar sus reclamos, pueden presentar un desafío a la gobernabilidad y el funcionamiento del sistema democrático tal como está estructurado. En un escenario de esta naturaleza es importante reconocer que los conflictos no necesariamente son malos y frecuentemente representan un factor que provoca cambios importantes en la sociedad necesarios para su desarrollo y la profundización de la democracia.
[1] Bebbington, Scurrah y Bielich. Mapeo de Movimientos Sociales en el Perú Actual. CEPES, 2008. http://www.cepes.org.pe/apc-aa/archivos-aa/e19ae5c595bdc837daaf4cc13d916d7e/Informe_mapeo_movimientoss_sociales_FINAL.pdf

Quinua orgánica. Recordando nuestras costumbres

Por: Stuar Flores

La quinua es, quizás después de la papa, la fuente alimenticia más abundante y de mayor aporte nutricional en el territorio peruano. En su composición podemos encontrar altos porcentajes de proteína y aminoácidos esenciales, propiedades que la sitúan al lado de productos de origen animal como la carne y la leche.
Desde tiempos antiquísimos, la quinua ha sido el sostén alimenticio de las culturas precolombinas logrando perdurar hasta la actualidad. Su capacidad para crecer en condiciones difíciles (tierras de elevada salinidad y climas secos) la ha convertido en el cultivo más difundido en Sudamérica y, principalmente en Perú y Bolivia, en la base de la alimentación del poblador en zonas altoandinas.
Esta planta tiene también una notable capacidad de adaptación debido a que puede crecer en climas ubicados desde el nivel del mar hasta los 4000 msnm., resistiendo a las sequías y al frío intenso.
El cultivo de la quinua en el altiplano es también una fuente de ingreso para las familias de la zona debido a su potencial económico como cereal de exportación para los países industrializados
Pese a los factores ya señalados que influyen en el favorable desarrollo de la quinua, cabe resaltar que el cambio climático, la falta de agua, un suelo pobre en nutrientes, así como el insuficiente conocimiento de técnicas de cultivo y las dificultades para controlar las plagas, ocasionan un bajo rendimiento en la producción.
Por esta razón, CIED PUNO viene efectuando desde el 2007 el proyecto “Promoción de la producción y comercialización de quinua orgánica” en los distritos de Atuncolla, Vilque y Mañazo, en 8 comunidades, favoreciendo así a 490 personas.
El término “orgánica” hace referencia al proceso de obtención de la quinua, el cual consiste en un sistema de explotación agrícola en donde no se emplean productos químicos u organismos genéticamente modificados. Los abonos y los insumos para destruir las plagas son completamente naturales. Esto trae como consecuencia la producción de un alimento orgánico dentro de un medio ambiente protegido.
Lo que se busca es aprovechar los recursos naturales al máximo y evitar la contaminación respetando a la “pachamama”. Para este efecto, se viene desarrollando capacidades técnico-productivas con buenas prácticas agrícolas. El concepto de “buenas prácticas” alude al modo de llevar a cabo el desarrollo de un proyecto empresarial, en este caso, de tipo agrícola, para lograr resultados favorables, éxito y productividad.
Antes de realizar cualquier tipo de labor sobre la tierra, es necesario pedirle consentimiento a la pachamama –que, entre otras cosas, simboliza la fertilidad– para que aporte sus beneficios a la comunidad. Cuidar a la pachamama mediante buenas prácticas es la base del desarrollo sostenible en la zona y también representa la fusión del pensamiento occidental del mundo moderno y el conocimiento ancestral, los ritos y tradiciones de nuestro mundo andino.
Conforme a los objetivos planteados por CIED PUNO, se continúa con la formación de promotores encargados de estandarizar la producción en las comunidades participantes del proyecto y la ejecución de estrategias de mercadeo a través de la participación en ferias regionales, festivales y pasantías. De la misma manera, se viene implementando el SIC (Sistema de Control Interno) para el proceso de certificación que definirá la categoría de “orgánica” para esta quinua producida en el altiplano.
Cabe mencionar la importancia del Desarrollo Territorial en este proceso. El DT plantea la participación de los pobladores en su mismo territorio articulando las funciones de la sociedad civil y el gobierno. De esta manera, se brinda oportunidades de empleo a las personas para su posterior inserción dentro de las labores empresariales. En este sentido, el desarrollo económico de las localidades dependerá de factores como la capacidad de gestión, organización y desarrollo de estrategias.
La principal base de todo esto es la asociatividad. Ésta se entiende como la unión de personas para el logro de objetivos que no se podrían conseguir de manera individual. Bajo esta modalidad, los pequeños y medianos productores realizan un trabajo solidario y se insertan en el mercado para comercializar sus productos y satisfacer la demanda. Para complementar el poder de la asociatividad es necesaria su capacitación con la meta de potenciar sus habilidades y destrezas empresariales.
En este contexto, los Centros de Acopio de Quinua, los cuales están a cargo de los Comités Generales, permiten reunir la producción de estos pequeños agricultores para que puedan competir en otros mercados y centros urbanos. Esto obedece a una necesidad de aumentar la comercialización y generar mayores ingresos a las familias de la zona.
Los gobiernos locales, por su parte, contribuyen donando terrenos y agregados para la construcción de los centros de acopio. Esto refuerza los postulados del DT, en donde las labores conjuntas del Estado, la sociedad civil y el sector privado permiten sentar las pautas del desarrollo en la comunidad, generando empleo y mejorando la calidad de vida.

Oportunidades y amenazas de la actividad minera en la cuenca media. Retos y perspectivas

Por: Eduardo López

¿La cuenca media del río Lurín amenazada?

A dos horas de la ciudad de Lima, por la carretera que conduce al Distrito de Huarochirí, se encuentran los hermosos y pintorescos pueblos de Antioquía y Cochahuayco, tienen un clima templado, con una temperatura promedio de 22 ªC., una altitud de 1,650 m.s.n.m y una precipitación pluvial de 80 mm.

Forma parte del corredor natural y cultural de la cuenca de Lurín y aporta con algunos servicios ambientales (producción de oxigeno, biodiversidad, recarga de la napa freática)[1]

Cochahuayco y Antioquia son tierras de aromas, de manzanas, membrillos, guayabas, pacaes, paltos, su gente amable, acogedora y trabajadora invita a compartir la frescura primaveral y sobre todo de espacios de solaz tranquilidad. Tiene una economía que descansa en la producción frutícola y sentando las bases para el desarrollo de actividades no agrícolas como el turismo y la agroindustria rural.

En la cuenca media, el producto con identidad territorial, es el membrillo y manzana, caracterizado por su excepcional calidad en aroma, color, textura y posicionamiento en el mercado mayorista de frutas[2]

Estos territorios poseen potencialidades tangibles e intangibles para promover actividades agropecuarias, paisajísticas, turísticas, culturales y ambientales. Pero también es una localidad marcada por la pobreza, falta de empleo, baja productividad de los cultivares, bajo nivel educativo, empleo de agroquímicos, migración de la población joven y carencia de servicios de saneamiento.

Este escenario geográfico envidiable, no tenemos porque mitificarlo sino más bien visibilizarlo para hacerlo competitivo territorialmente, con la llegada de las actividades mineras por parte de la empresas Huascarán S.A., ( mediana minería) y la empresa Baya S.R.L (pequeña minería) , aún encontrándose en la fase de exploración minera , constituye una amenaza al medio ambiente rural, a los recursos naturales, a la biodiversidad, a las actividades agropecuarias y a las denominadas actividades no agrícolas como el turismo, la agroindustria y artesanía rural.

Como bien decía, un dirigente de la comunidad campesina en el taller informativo realizado en Cochahuayco, el 11 del presente mes sobre las acciones y tecnologías que empleará la empresa Baya, “la minería nos ha cambiado el escenario, es para nosotros un elemento perturbador a la vida cotidiana y las actividades productivas”[3]

Si el escenario donde actuamos va ha modificarse con el desarrollo de actividades mineras, es urgente que los actores locales, estén informados responsablemente sobre las amenazas a los agroecosistemas, a la vida cotidiana, a las costumbres e identidad cultural, para luego realizar inversiones en capital social y humano que permita promover programas y proyectos de desarrollo de capacidades humanas para enfrentar con propuestas a éstos retos.

También requerirá que el Gobierno Local, las comunidades campesinas, los comités de regantes, las Ong’s y otras instituciones de la sociedad civil construyan propuestas de desarrollo, actúen con profesionalismo especializado porque surgirán nuevas demandas en estudios, investigaciones para hacer el monitoreo y seguimiento ambiental a la cuenca.

Si bien es cierto que en corto plazo puede ser afectada la cuenca media, hay que considerar también que los territorios de la parte baja no escaparán a esta amenaza, por consiguiente hay que estar preparados, fortaleciendo los espacios como la mesa del agua y otras plataformas que existen en la cuenca, a buena hora que tengamos un capital institucional y simbólico que diversas instituciones públicas y privadas nos hemos esforzado en construir.

El Capital Institucional y Simbólico acumulado es una fortaleza de los multiactores públicos y privados.

Hoy en día ya no es posible abordar e intervenir los problemas del desarrollo rural de la cuenca, incidiendo solo en la promoción de las actividades agropecuarias, la complejidad del mismo exige procesos que sumen esfuerzos, voluntades, recursos y enfoques para promover y desarrollar con los productores y otros socios del desarrollo las denominadas actividades no agrícolas o también denominadas pluriactividades, como el turismo, agroindustria y artesanía.

Asimismo es indispensable la construcción de plataformas o arquitecturas institucionales que articulen a sectores del estado, sector privado y sociedad civil, para enfrentar multisectorialmente a la pobreza, y también para promover y desarrollar los negocios agrícolas se requerirá ineludiblemente conocer y validar instrumentos y conocimientos para lograr con competitividad la articulación con los mercados y los respectivos procesos de mercadeo.

La puesta en valor de los proyectos emblemáticos y sinergéticos que el CIED, el Gobierno Local de Antioquia y otras instituciones privadas facilitaron y promovieron sumando la participación concertada de diversos actores públicos, privados y de las organizaciones de la sociedad civil, ha hecho posible visibilizar COLORES PARA ANTIOQUIA Y AGROINDUSTRIA RURAL DE COCHAHUAYCO, que sintetizan la generación de laboratorios de aprendizaje interinstitucional.

Estos proyectos innovadores son la expresión de la importancia que tiene el capital institucional y simbólico que se ha construido, como herramientas que contribuyen a dinamizar la economía local, mejorar la autoestima y ciudadanía.

COLORES PARA ANTIOQUIA, ha convertido a esta localidad en una obra de arte, ha permitido hacer los puentes entre arte y desarrollo para promover el turismo rural y comunitario.

Posiblemente lo trascendental de esta experiencia es haber logrado espacios para las pasantías y para el aprendizaje de cientos de regidores, alcaldes de distintas regiones del país que lo han visitado, de funcionarios del estado, del sector privado, de Ministros de Estado, Congresistas, de investigadores de diversas universidades, de representantes de la Cooperación Internacional, de Presidentes Regionales y de cientos de organizaciones sociales del país.

Estos aspectos contribuyen a que la autoestima de la población y de sus autoridades sea un importante intangible para el desarrollo rural de la cuenca media.

También Colores para Antioquia, está logrando el empoderamiento por la población asumiendo que el proyecto sea suyo, tiene legitimidad social y fundamentalmente cuenta con el reconocimiento de los medios de comunicación, de la cooperación internacional y de los decisores políticos.

Otro proyecto emblemático, sinergético e innovador es AGROINDUSTRIA DE COCHAHUAYCO, que promueve y desarrolla con mujeres empresarias, la agregación de valor, empleando tecnologías limpias, de fácil manejo y de bajo costo, para la producción de sidra, vinagre, mermeladas, encurtidos, fruta deshidratada , etc. con la finalidad de generar ingresos complementarios.
Para la institucionalidad de la zona ( Gobierno local, comunidades campesinas, comisión de turismo, asociación valle lindo, plataforma de Ong’s, algunos sectores del Estado ( Foncodes, Ministerio de Vivienda, Mincetur),comités de Regantes, Asociación de agroindustria Valle Lindo, Clubes de madres, etc.),es una fortaleza y es la expresión del valor agregado que se ha ido construyendo, consideramos que es una buena potencialidad para iniciar con inteligencia, con “sabiduría de masas”, los retos que conllevará un posible desarrollo minero en la zona con responsabilidad social empresarial.
[1] Ricardo Claverías y Eduardo López Ayala, Pro Cuenca Lurín, Sistematización de la experiencia 2,004- 2,005. Página 26
[2] Idem, pág. 26.
[3] Antonio Cordero, Presidente del Núcleo Ejecutor, Dirigente de la Comunidad campesina de Cochahuayco.

¿A donde nos conduce la llamada descentralización popular?

Por: Carlos Herz


El Presidente de la República en su mensaje presidencial planteó el inicio de una nueva forma de descentralización llamada popular, como una solución ante la supuesta incapacidad de los Gobiernos Subnacionales para atender las demandas de obras de los más pobres con celeridad y eficiencia.

Se trata de retirar los fondos no utilizados y entregarlos directamente a las comunidades a través de los llamados núcleos ejecutores, supuestamente recuperando viejas prácticas de gestión locales.

Sobre este tema se han dado una serie de reacciones, a las que añado algunos comentarios esperando sean aportes para el debate.

1. El punto de partida del Presidente es la incapacidad de los Gobiernos Locales y Regionales para invertir los recursos que poseen en beneficio de las poblaciones locales. Sobre este argumento hay mucho para decir:

La descentralización como el único intento de reforma de Estado en curso ha implicado mayormente un trámite administrativo y burocrático que una efectiva transferencia de competencias, funciones y recursos. El reconocimiento de la debilidad en la gestión de las autoridades locales y regionales no es una constatación nueva sino un punto de partida desde que se inició este proceso de descentralización. Sin embargo, poco se ha hecho desde los organismos pertinentes para generar y mejorar las capacidades de gestión de las instituciones públicas subnacionales. Hay que recordar que son hasta tres los intentos por organizar planes nacionales de desarrollo de capacidades sin mayores resultados ni éxitos.

Mientras tanto, el centralismo sigue siendo una realidad que se expresa en primer lugar en las actitudes y en la conciencia de la mayoría de las personas, particularmente de las autoridades. Cambiar esa realidad y esa manera de concebir el país es y será lenta, mas aun cuando se hace poco para generar mayores condiciones que faciliten el cambio. El estímulo y la reorientación de la inversión privada, la reforma tributaria, la institucionalización de una carrera pública eficiente y reconocida, el desarrollo de capacidades locales y regionales, la mayor inversión subnacional para las nuevas transferencias de competencias y funciones, el fortalecimiento de los mecanismos de participación social, la formulación de un plan nacional de regionalización sobre la base del ordenamiento territorial, la instalación del Consejo de Coordinación Intergubernamental, son algunas tareas urgentes si queremos marchar con pasos seguros hacia la descentralización.

Si comparamos la situación de institucionalidad en muchos de los ámbitos subnacionales frente a la existente en los programas y aparatos del Gobierno Nacional, es evidente la precariedad de los primeros. Sin embargo, a pesar de esas notorias limitaciones, los esfuerzos por mejorar la gestión subnacional son crecientes, expresados en un mayor porcentaje de inversión y de gasto público de los Gobiernos Regionales y Municipios respecto al Gobierno Nacional. En este caso no estamos discutiendo sobre la calidad del mencionado gasto, que es otro tema que afecta al conjunto del aparato estatal. Por otro lado, como aspecto favorable de los esfuerzos municipales por mejorar su capacidad de gestión y de servicio a la comunidad es el avance en los mecanismos de asociacionismo expresado en la creación de mancomunidades, principalmente entre las más pequeñas que representan más de la mitad del número de municipios del país (con menos de 5,000 habitantes).

Mucho se puede criticar a las autoridades locales, pero cuando se conoce de cerca las tremendas limitaciones de organización institucional, de personal, conectividad y logística de muchos municipios locales, excesivos controles por el centralismo, así como el enorme esfuerzo que realizan muchos alcaldes y regidores para servir a la población, recién podremos ponderar los reproches y las responsabilidades que le corresponde a cada ámbito de gobierno.

El notable incremento de los recursos para los Gobiernos Locales ha tenido como fuente más importante los fondos del canon los mismos que han tenido una distribución inequitativa, privilegiando algunos departamentos del país, y transitorios. Sin embargo, las ventajas temporales obtenidas por la formidable alza en los precios internacionales de los minerales ha devenido en una caída brusca de los mismos, producto de una severa crisis del sistema. Es evidente que las autoridades de los Gobiernos Subnacionales favorecidos, en general no aprovecharon de la mejor manera esas oportunidades que se presentaron con el canon.

Sin embargo esa limitación se puede hacer extensiva al Gobierno Nacional que se ha quedado con la mitad del impuesto a la renta pagado por las empresas extractivas además de otros impuestos cuya distribución debió darse por ley a los Gobiernos Locales y Regionales, hecho que no ocurrió. Las limitaciones de estos últimos se han expresado mayormente en incapacidad de gasto, por lo que los recursos aun existen, y bajo otras condiciones pueden ser mejor invertidos en el futuro. La mayor transparencia que puede darse en los espacios subnacionales facilita el conocimiento del destino y la calidad de la inversión pública local. No se puede decir lo mismo de la inversión pública que depende del Gobierno Central. Por otro lado, si nos referimos al sector privado que más observa y critica la incapacidad del sector público, podemos señalar que el denominado aporte social voluntario que los empresarios mineros otorgaron aprovechando la bonanza económica, tampoco ha tenido el mejor desempeño, dado las cifras del porcentaje de inversión efectiva que no ha llegado al 40% de lo previsto.

En todo caso, si lo vemos desde otro ángulo, los diversos sectores públicos y privados han intentado mejorar el gasto en calidad y cantidad, hacia los más pobres, con una serie de dificultades, muchas de ellas estructurales, donde hay que considerar aspectos como la reforma del Estado para hacerlo más ágil y dinámico, la corrupción, la desconfianza. Lo que no es correcto es cargar las culpas y responsabilidades sobre las autoridades municipales y regionales como las paganas de la falta de inversión y de los límites del modelo de crecimiento.

Por otro lado, la mejora de la recaudación en el IGV ha repercutido favorablemente en el incremento del FONCOMUN, el mismo que se ha visto nuevamente reducido por la disminución de los ingresos tributarios. Esta situación en su momento también ha favorecido las arcas subnacionales, con resultados variados según las diversas experiencias de gestión local y de participación ciudadana. El ejercicio del Presupuesto Participativo ha contribuido a mejorar la inversión, a través de la priorización de proyectos y de la fiscalización del gasto, una vez más dependiendo no solo de la voluntad positiva de las autoridades sino de la actitud vigilante de la ciudadanía.

2. Con el discurso presidencial se demuestra una vez más que no existen políticas claras de parte del Gobierno sobre qué hacer con los programas sociales centralizados en el marco de la descentralización. Los intentos de “hojas de ruta” para los nuevos roles de los programas sociales en los procesos de descentralización han sido solo eso, intentos fallidos.

Y el caso de FONCODES es por demás emblemático. Su creación, objetivos y manejo institucional durante el período fujimorista han dejado una gran lección de lo que significó el uso político, clientelar, paternalista y suplantador de los recursos del Estado, con el aval y soporte de la banca multilateral y una parte de la cooperación internacional. Finalmente, a los inicios del Gobierno anterior se pretendió su reorientación en el marco del nuevo intento de descentralización y de la generación de mecanismos de planificación participativa del desarrollo local. Tales esfuerzos no fueron exitosos y devinieron progresivamente en la conversión de FONCODES en una institución sin rumbo, sujeto a los vaivenes de las presiones de la política tradicional que veía en este programa como en otros la ocasión para cumplir con los ofrecimientos de empleo y el pago de favores electorales. El extremo de esta ausencia de orientación es la decisión tomada por el actual Gobierno de encargar a FONCODES la compra y distribución de mobiliario y equipamiento escolar, supuestamente para favorecer a la pequeña producción local, labor que muy bien pudo haberse coordinado con los diversos Gobiernos Regionales, mostrando nuevamente por lo menos una incomprensión de lo que significa el proceso de descentralización.

Refrescando la memoria, cabe recordar que una de las primeras medidas tomadas como parte de ese proceso fue la transferencia de competencias y funciones de algunos programas sociales, como FONCODES, a los Municipios, en el entendido de que las obras de inversión social antes centralizadas en dicho programa podían ser ejecutadas por los Gobiernos Locales. Se avanzó bastante en ese camino, no exento de tensiones, conflictos, resistencias a ceder poder, superposiciones y presiones. A pesar de ello se pudo avanzar en la progresiva transferencia a la luz de constataciones muy favorables a la capacidad de gestión municipal y a la disminución de los costos de las obras cuando eran ejecutadas por los Gobiernos Locales en comparación a las realizadas por FONCODES, a lo que se sumó la mayor garantía de sostenibilidad, seguimiento y control cuando se trataba de iniciativas municipales.

Lo que no se siguió haciendo fue una clara determinación sobre el futuro de tales programas sociales. Si eran los Municipios las entidades encargadas de la identificación, priorización, programación y ejecución de los proyectos de inversión (mas aun en el marco de los planes concertados y los presupuestos participativos) lo que le correspondería a los tradicionales programas es su conversión en espacios de apoyo al desarrollo de capacidades, al seguimiento y evaluación de los resultados así como a la búsqueda de nuevos canales de financiamiento y cooperación. Con lo cual dichos programas podrían reducirse a equipos profesionales pequeños y eficientes, ubicándose el resto de sus equipos técnicos en las estructuras de los Gobiernos Regionales o Locales, según sea el caso. Además cabe recordar que tanto el Gobierno anterior como el actual por discurso de sus Presidentes anunciaron varias veces la desactivación de FONCODES a favor de los municipios como parte de la descentralización. El camino no ha sido ese como muy bien puede percibirse.

3. Muy por el contrario, el último discurso presidencial propone sorprendentemente que la ineficacia municipal y regional será reemplazada por la reactivación de los núcleos ejecutores, otrora mecanismo de gestión comunal para administrar los recursos de los proyectos de inversión social.
También para recordar se definió como núcleo ejecutor a la “Organización creada por la propia población o comunidad que se constituye como tal, y en general por cualquier institución o grupo social que represente a una comunidad organizada que busque un beneficio de tipo social para ella, y que en consecuencia puede recibir financiamiento de FONCODES para la ejecución, culminación y transferencia de la obra de inversión social a favor de la Entidad Receptora designada por Ley ” (FONCODES)

Los núcleos ejecutores constituyeron una forma no convencional de organización para la gestión de proyectos de inversión social que eran sujetos de derecho, tenían capacidad jurídica, manejaban recursos económicos a través de cuentas bancarias (con la formalidad de donación con cargo), elegían y pagaban a los ejecutores de las obras, no estaban sujetos a las normas públicas de las cotizaciones y licitaciones, no pagaban impuestos y su órgano representativo era designado por asamblea comunal con por lo menos un tercio de miembros de la comunidad (cuatro personas: un Presidente, un Tesorero, un Secretario, y un Vocal). Su vigencia era el mismo tiempo que duraba la obra hasta ser entregada formalmente. Finalmente la asesoría al Núcleo Ejecutor era ejercida por un Inspector de Obra (consultor externo) y la supervisión la realizaba FONCODES.
La responsabilidad del Núcleo Ejecutor terminaba con la obra acabada y entregada formalmente, no asumiendo en general un acompañamiento ni mantenimiento posterior.

Antes de dar nuestra opinión respecto al desempeño de los Núcleos Ejecutores, deseamos compartir de manera testimonial y resumida los resultados de la evaluación realizada por el Programa PASA de la UE cuando comparó las ventajas aquellos con respecto a los llamados comités mixtos (conformados por el municipio y comunidad), el año 2003. Vamos a resaltar algunos comentarios de los actores locales al respecto:

«El alcalde se muestra muy interesado en las obras y manifiesta que la presencia de los representantes del municipio ha incomodado a los ingenieros residentes e inspectores». "Los ingenieros de FONCODES (inspectores y supervisores) sienten que los estorbamos. Para ellos es más fácil manejar al NE cuando sólo está compuesto por representantes de la comunidad”... “ellos no quieren ser controlados por la municipalidad"... La comunidad no es tan preparada y es fácil manejar al tesorero" El ingeniero residente hace las veces de tesorero (saca plata) y hace como presidente. Los dirigentes firman no más. ... Los residentes e inspectores se incomodaron cuando vieron que entraba el municipio al NE”.

Según manifestación del tesorero del NE de Cochapampa: "el manejo de los fondos lo hizo más que todo el ingeniero residente". Es un pedido recurrente que se incrementen los viáticos. "Hace unos años hemos tenido NE conformado solamente por gente de la comunidad, el problema es que las obras han estado abandonadas (agua potable) ya no se utilizan, la comunidad no las mantiene por falta de recursos: "el Municipio no la siente obra suya".

Es claro que más allá de los propósitos políticos perversos del fujimorismo de constituir los Núcleos Ejecutores, bajo un modelo vertical y centralista se buscó obviar la presencia y el fortalecimiento de los Gobiernos Locales, por lo que las actuales limitaciones que podemos encontrar en los Municipios tienen a esa forma centralista de manejar los recursos a uno de sus principales responsables. El otro tema resaltado es la manipulación y el uso de los recursos por personas ajenas a la comunidad pero ejerciendo sobre ella mucha presión para orientar el uso de los recursos hacia propósitos nada transparentes. Tenemos también el tema de la sostenibilidad de las obras una vez culminadas en un clima de escasa motivación y sensibilización local. Como ejemplo podemos mencionar los recursos del crédito del Banco Mundial para programas de saneamiento básico (PRONASAR) los cuales en más del 50% fueron utilizados para la recuperación y rehabilitación de obras antiguas y abandonadas, como producto de la falta de seguimiento y de cuidado.

Asimismo, cabe señalar que diversos estudios demostraron que mediante este modelo los costos comparativos eran mayores que las obras bajo gestión municipal. Finalmente hay un sinnúmero de denuncias por los problemas de corrupción y de uso discrecional de los recursos debido a la falta de fiscalización y a la falta de experiencia de las líderes comunales en este tipo de proyectos. Aun cuando el núcleo ejecutor lo constituía por ley toda la comunidad en los hechos terminaba reducido a las 4 personas que conformaban su órgano representativo.

4. A manera de comparación y de contenido para la reflexión final tenemos los comentarios testimoniales de alcaldes y pobladores, tomadas de la misma evaluación antes mencionada referida a la gestión de obras de manera coordinada entre Municipio y Comunidad:

"La municipalidad tiene mayor fuerza para coordinar ...”
Antes con el NE comunal era más difícil para el traslado de materiales y para que los miembros del NE se trasladen a la ciudad para hacer gestiones.
En los NE de la comunidad los inspectores solían decidir por los comuneros."
"En el NE comunal habían analfabetos que no sabían leer documentos, a veces ni firmar y se confundían con los documentos de propuestas de cotizaciones de precisos de materiales, por lo que muchas veces firmaban sin leer o firmaban en blanco....
A veces los inspectores han manejado a su antojo a los NE comunales..... Otras veces los miembros de la comunidad en los NE delegan en el inspector por no poder viajar por falta de viáticos, mientras que en el NE mixto los regidores tienen viáticos pagados por el municipio, lo cual facilita su traslado".

Según otro alcalde el NE mixto tiene las siguientes ventajas:

"el municipio aporta con maquinaria
asegura sostenibilidad de la obra
FONCODES tendría mayor facilidad para coordinar con el municipio (tenemos fax y teléfono)
"en el municipio somos personas más preparadas".
La comunidad fiscaliza"

Otra autoridad opina sobre el modelo mixto:

"Hay mayor compromiso de la municipalidad (aportamos con traslado de materiales).
Antes, con el NE comunal ni nos enterábamos de las obras que se hacían.
El municipio colabora con los viáticos de sus representantes en los NE, y hay disponibilidad del alcalde y regidores en trabajar"
"Este tipo de NE con participación de la municipalidad es mejor que los NE solamente comunales, porque el municipio está comprometido con sus comunidades, y tiene maquinarias para apoyar".
El municipio está comprometido con las comunidades y tiene recursos con los cuales aportar (maquinaria pesada) de las que un NE comunal no dispone".

A diferencia del núcleo ejecutor tradicional esta renovada forma de gestión compartida entre Municipio y Comunidad se acercaba más a las nuevas relaciones de concertación entre Gobierno y Sociedad en el ámbito local que se ha venido promoviendo en el marco del actual proceso de descentralización. Estas son algunas de las ventajas resumidas en la evaluación:

· El NE mixto supone un avance importante, en la medida en que permite la confluencia de esfuerzos entre los municipios y las comunidades. Ello permite que los municipios aporten a las obras (confluencia de esfuerzos entre comunidad y municipio).
· Otra ventaja señalada fue la priorización de las obras al interior de los distritos.
· Los miembros de los municipios tienen mayor capacidad técnica y mejor formación, por lo que pueden fiscalizar mejor a los inspectores e ingenieros residentes.
· Con los NE mixto se evita la manipulación que suele darse en los NE comunales, donde los representantes de la comunidad pueden ser manipulados por inspectores e ingenieros residentes.

5. Ahora que se da tanta cercanía política entre los gobernantes de Perú y de Colombia vale la pena mencionar la activa campaña del Presidente Uribe por promover y conformar los llamados Consejos Comunales, como una forma muy discutible de participación social propiciado desde la presidencia sin mediar la participación de los Gobiernos Locales supuestamente para superar la supuesta ineficiencia e insensibilidad municipal, invirtiendo en proyectos en todos los departamentos del país (ya son más de 3,000 las inversiones en obras) con métodos populistas, utilizando recursos presupuestales sin una adecuada planificación y en muchos casos comprometiendo verticalmente a los Gobiernos Subnacionales en su ejecución.

No sabemos si el mensaje presidencial también se ha inspirado en otra medida del Gobierno de Colombia que establece el retiro de los fondos destinados a los Municipios para obras de agua y saneamiento cuando no estos no cumplen con su ejecución en los plazos previstos. En este caso, lo que sí hace la diferencia y no es motivo de emulación en el Perú, son las acciones de capacitación que se brinda al personal municipal colombiano para que en el siguiente periodo presupuestal pueda darse las condiciones que les permitan cumplir con las inversiones sociales previstas.

6. En síntesis, el discurso presidencial a la luz de las experiencias y desafíos previstos en la descentralización en curso merece muchas observaciones:

Es unilateral e injusto descargar la ineficiencia del gasto público en las autoridades municipales y regionales cuando es el gobierno central el principal responsable de los retrasos en los resultados esperados en el proceso de descentralización, entre ellos el desarrollo de capacidades para una gestión local más eficiente y democrática, una transferencia más burocrática y administrativa que real y efectiva, la ausencia de mayores reformas como las tributarias, el estímulo a una mayor privada inversión desconcentrada, el cumplimiento de las normas de participación, control social rendición de cuentas, entre otros.

La incapacidad en el gasto público ha sido una característica histórica común en nuestro Estado ineficiente y es la herencia que han recibido los Gobiernos Locales. No por ello hay que justificar tales trabas al desarrollo y a la lucha contra la pobreza, pero si buscar salidas compartidas en las que todo el Gobierno asuma la responsabilidad que le compete. No lavarse las manos y buscar salidas populistas desesperadas como las del discurso presidencial. La eficiencia en el Estado pasa por reformas efectivas, por pactos para llevarlas a efecto y por actitudes de cambio de las autoridades y los ciudadanos y ciudadanas.

Los antecedentes de los núcleos ejecutores, nos muestran experiencias que pueden ser interesantes en términos de una mayor participación comunal en la identificación, priorización y ejecución de proyectos de inversión local. Pero considero que la forma y el escenario en que se crearon estas formas de gestión obedecieron a una necesidad pragmática de simplificar trámites burocráticos que son parte de los procedimientos públicos para la ejecución de obras, así como a una relación directa entre el Gobierno Central (el poder autoritario de entonces) con las comunidades campesinas, dispersas, desorganizadas como parte de un tejido social desarticulado y afectado por la guerra interna del momento), sin planes de desarrollo que organicen y prioricen los proyectos y sujetos a una serie de relaciones inequitativas de poder con el aparato de FONCODES, amén de los innumerables casos de manipulación, clientelismo, imposición y corrupción existentes.

La solución a la ineficiencia en el gasto relacionado con el involucramiento de la población y en el marco de un proceso de descentralización debería tener otros rumbos que muestren responsabilidad gubernamental expresado en el fortalecimiento de los Gobiernos Locales y Regionales, en el respeto y promoción de los procesos de planificación participativa, en la relación de cooperación entre Gobierno y Sociedad y en sus correspondientes mecanismos de vigilancia y control.

Debemos evitar que el Gobierno con el mensaje presidencial pretenda enfrentar a las comunidades con los municipios. Si el Gobierno no asume una actitud responsable en este aspecto, le debe corresponder a los Gobiernos Subnacionales una actuación de más eficiencia y compromiso de trabajo consensuado con la población local. Experiencias de gestión local comunitaria con aporte municipal hay muchas. Lo que no hay que perder es la visión de un desarrollo planificado, descentralizado y concertado, componentes de los que los gobernantes muchas veces olvidan por el inmediatismo y la desesperación.
Lima, agosto 2009